El acoso escolar (Acoso entre Iguales, ACI) no se mantiene únicamente por la acción del agresor o agresora, sino por un entramado de conductas pasivas, legitimadoras o evitativas, especialmente por parte del grupo observador. En este proceso, el papel de los adultos —padres y madres del alumnado observador— resulta determinante, pudiendo actuar como agentes protectores o, por el contrario, como reforzadores pasivos o activos del acoso.
Con frecuencia, las familias de niños y niñas observadores transmiten mensajes de inhibición tales como “no te metas”, “no es asunto tuyo” o “mejor no involucrarse para evitar problemas”. Este tipo de mensajes normaliza la pasividad ante situaciones de injusticia y enseña que la autoprotección implica el silencio, reduciendo significativamente la probabilidad de que el alumnado defienda a la víctima, uno de los factores más protectores frente al acoso.
A ello se suma la minimización del daño, expresada mediante frases como “son cosas de niños”, “solo son bromas” o “siempre ha pasado”. Estas actitudes generan desensibilización moral, invalidan el sufrimiento de la víctima y refuerzan la percepción de que el acoso carece de consecuencias reales, favoreciendo su cronificación.
En otros casos, los adultos llegan a respaldar explícita o implícitamente la versión del agresor o de su familia, aceptando su relato sin cuestionamiento, justificando la conducta o culpabilizando a la víctima. Cuando esta defensa se produce de manera coordinada entre adultos, se establece una alianza adulta que legitima el abuso de poder, sitúa a la víctima en una posición de indefensión y transmite un mensaje de impunidad al agresor.
Un factor especialmente relevante es que, en numerosas ocasiones, los intereses relacionales y el estatus social adulto pesan más que la protección del menor. El deseo de mantener buenas relaciones sociales, evitar conflictos con familias influyentes, preservar redes personales o no incomodar a padres con prestigio profesional, titulación académica o reconocimiento social lleva a muchos adultos a optar por el silencio o la neutralidad aparente. En estos casos, la defensa de los derechos del menor queda subordinada a la autoprotección adulta y al mantenimiento del equilibrio social.
Esta priorización transmite al alumnado observador que el poder social está por encima de la justicia, que existen personas a las que no se puede cuestionar y que el sufrimiento de un compañero es negociable en función de quién esté implicado. De este modo, se consolida una jerarquía moral basada en el estatus, no en los derechos, y se refuerza el rol del observador pasivo como sostén principal del acoso.
Asimismo, cuando las familias cuestionan o desautorizan las actuaciones del centro educativo, minimizan la gravedad de los hechos o presionan para evitar la activación de protocolos, se debilita el marco de protección colectiva imprescindible para romper dinámicas de acoso mantenidas en el tiempo. El resultado es una pérdida de confianza en la institución escolar, miedo a denunciar y una percepción generalizada de que no todo el alumnado recibe la misma protección.
En conjunto, estas conductas adultas convierten el acoso en un fenómeno sistémico, sostenido no solo por el alumnado implicado, sino por dinámicas de silencio, conveniencia y poder ejercidas desde el mundo adulto. En este sentido, es fundamental señalar que la neutralidad no existe: cuando los adultos priorizan su imagen, sus relaciones o su estatus frente a la defensa de un menor, están contribuyendo activamente al mantenimiento del acoso escolar. Necesitamos a adultos que no miren hacinotro lado; así los protocolos llegarían a buen puerto en muchas ocasiones.